La Asamblea Legislativa de Costa Rica<\/b> anunci\u00f3 que el pr\u00f3ximo lunes 3 de agosto presentar\u00e1 una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional<\/b>, acus\u00e1ndolos de excederse en sus atribuciones al prorrogar los nombramientos de magistrados suplentes cuyo periodo concluy\u00f3 en diciembre de 2025.<\/span><\/p>\n La denuncia estar\u00e1 dirigida contra Fernando Cruz Castro<\/b>, Paul Rueda Leal<\/b>, Ingrid Hess Herrera<\/b> y Jorge Araya Garc\u00eda<\/b>, quienes, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, dictaron una resoluci\u00f3n contraria a la ley y vulneraron la divisi\u00f3n de poderes.<\/span><\/p>\n La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jim\u00e9nez<\/b>, sostuvo que la medida judicial adoptada por los magistrados constituye una violaci\u00f3n al art\u00edculo 158 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Costa Rica<\/b>, que se\u00f1ala que los magistrados deben ser elegidos por un periodo de ocho a\u00f1os y que la potestad de nombramiento recae exclusivamente en el Poder Legislativo.<\/b><\/span><\/p>\n La querella, que ser\u00e1 presentada ante la Secretar\u00eda de la Corte Plena, busca que se investiguen las responsabilidades penales y disciplinarias de los magistrados se\u00f1alados.<\/b> Adem\u00e1s, la presidenta de la Asamblea Legislativa advirti\u00f3 que el proceso judicial pretende restituir el equilibrio institucional y reafirmar la autoridad de la Asamblea en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia<\/b>.<\/span><\/p>\n El conflicto institucional surgi\u00f3 tras una resoluci\u00f3n de la Sala Constitucional<\/b> (Sala Cuarta), que decidi\u00f3 prorrogar en sus cargos a magistrados suplentes cuyo mandato hab\u00eda finalizado el 16 de diciembre de 2025.<\/span><\/p>\n La decisi\u00f3n fue calificada como \u201cilegal e inconstitucional\u201d<\/b> por la presidenta de la Rep\u00fablica, Laura Fern\u00e1ndez<\/b>, quien consider\u00f3 el acto como \u201cun golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa\u201d<\/b>. Fern\u00e1ndez argument\u00f3 que la Sala Constitucional ha asumido facultades que la Constituci\u00f3n y los tratados internacionales no le otorgan.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan el Ejecutivo, la resoluci\u00f3n vulnera diversos art\u00edculos constitucionales, incluyendo el 9, 11, 121 (incisos 3 y 20), 154, 157, 158 y 164. El art\u00edculo 164, citado por la presidenta, establece que solo la ley puede fijar el periodo y las condiciones de los magistrados propietarios y suplentes,<\/b> en tanto que el art\u00edculo 121 otorga al Legislativo la competencia exclusiva para el nombramiento y destituci\u00f3n de magistrados.<\/span><\/p>\n Por lo que, el el jefe de fracci\u00f3n oficialista, Nogui Acosta<\/b>, respald\u00f3 la postura del Ejecutivo y se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n judicial fractura el Estado de derecho.<\/span><\/p>\n La controversia ha reavivado el debate sobre la separaci\u00f3n de poderes en Costa Rica<\/b>. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica<\/b> define que la Asamblea Legislativa<\/b> es la \u00fanica instancia con autoridad para designar y remover magistrados de la Corte Suprema de Justicia<\/b>. La pr\u00f3rroga decidida por la Sala Constitucional ha generado cr\u00edticas desde distintos sectores pol\u00edticos y jur\u00eddicos, que advierten sobre el riesgo de un precedente que pueda debilitar la estructura democr\u00e1tica y los equilibrios institucionales.<\/span><\/p>\n El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han insistido en que el fallo de la Sala Constitucional transgrede los l\u00edmites legales y afecta la legitimidad del sistema democr\u00e1tico. En declaraciones reproducidas por La Naci\u00f3n<\/i>, la presidenta Fern\u00e1ndez subray\u00f3 que la independencia de poderes resulta indispensable para garantizar la estabilidad democr\u00e1tica,<\/b> y que cualquier extralimitaci\u00f3n judicial pone en peligro ese fundamento.<\/span><\/p>\n De acuerdo con analistas consultados por La Naci\u00f3n<\/i>, la disputa refleja tensiones acumuladas en la relaci\u00f3n entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones enfrenta desaf\u00edos significativos. La agudizaci\u00f3n de este conflicto institucional ocurre en un momento en que la imagen del Poder Judicial ya estaba bajo escrutinio p\u00fablico.<\/b><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La decisi\u00f3n de la Sala Constitucional de mantener en funciones a magistrados cuyo periodo venci\u00f3 desat\u00f3 una querella por prevaricato y acusaciones de abuso de poder. La Asamblea Legislativa de Costa Rica anunci\u00f3 que el pr\u00f3ximo lunes 3 de agosto presentar\u00e1 una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, acus\u00e1ndolos de excederse en sus atribuciones al prorrogar los nombramientos de magistrados suplentes cuyo periodo concluy\u00f3 en diciembre de 2025. La denuncia estar\u00e1 dirigida contra Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya Garc\u00eda, quienes, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, dictaron una resoluci\u00f3n contraria a la…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17347,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-17344","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\tContexto de la crisis institucional<\/span><\/h4>\n
Repercusiones y divisi\u00f3n de poderes<\/span><\/h4>\n