El plenario de la Asamblea Legislativa no logró sesionar este martes debido a la falta de quórum en su última jornada de trabajo. Solo 35 de los 57 diputados acudieron, por debajo del mínimo requerido de 38 legisladores para iniciar la sesión.

La ausencia impidió discutir la eventual sanción contra el diputado Fabricio Alvarado, quien fue denunciado por acoso sexual por la exdiputada Marulin Azofeifa. Azofeifa, quien se desempeñó como asesora dentro de la fracción de Alvarado durante los últimos cuatro años, también presentó una denuncia en la vía penal, la cual sigue en proceso.

Entre quienes no asistieron a la sesión se encontraban legisladores del oficialismo, del grupo afín a Alvarado, independientes, así como representantes del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana. Algunos de estos diputados se encontraban en el Pacífico Central junto al presidente Rodrigo Chaves, sin contar con autorización formal para ausentarse.

La falta de quórum impide que se aplique una eventual sanción política contra Alvarado, la cual habría sido la primera de este tipo en el Congreso por un caso de acoso sexual, tras la reforma aprobada en 2021. Dado que el proceso quedaría en manos del próximo periodo legislativo, la sanción ya no podría ejecutarse, ya que solo procede contra diputados en funciones.

Una situación similar ocurrió el lunes anterior, cuando la diputada Pilar Cisneros, junto con la bancada oficialista, legisladores afines a Alvarado y otros congresistas, contribuyeron a romper el quórum, evitando así la votación sobre la sanción. Tras ese episodio, la denunciante manifestó que la responsabilidad moral recaía en el propio Alvarado.

El caso fue analizado por una comisión integrada por cinco diputados, la cual recibió testimonios y elaboró distintos informes. Dos de ellos recomendaban aplicar una sanción, mientras que un tercero, respaldado por el oficialismo, sugería no imponer ninguna medida.

Proyectos sin resolver

La falta de asistencia también impidió avanzar con 24 proyectos de ley que debían votarse en segundo y último debate. Entre ellos figuraba un crédito por 800 millones de dólares destinado al proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como “Tibi”, para la Gran Área Metropolitana (GAM). Este plan contempla financiamiento mediante préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para desarrollar y operar las líneas 1 y 2.

El cierre del periodo legislativo queda marcado por un hecho inusual: en la historia reciente del Congreso costarricense no se registraban casos en los que la Asamblea dejara de sesionar por falta de quórum en sus dos últimos días.

La reiterada ausencia de diputados en esta etapa final no solo frenó el avance de una agenda legislativa con temas relevantes, sino que también impidió cerrar formalmente el periodo constitucional, dejando múltiples asuntos pendientes.

Aunque el mandato de los actuales legisladores concluye oficialmente el 30 de abril, el Congreso había aprobado una moción para adelantar la última sesión al martes 28, con el objetivo de facilitar la organización previa al 1 de mayo, fecha en la que asumirán los nuevos diputados correspondientes al periodo 2026-2030.

De esta manera, el cierre del actual Congreso queda caracterizado por la falta de consensos y la imposibilidad de sesionar en sus jornadas finales.