Un amplio operativo desarrollado este miércoles por la Policía de Control de Drogas (PCD) y autoridades judiciales permitió ejecutar múltiples allanamientos en distintos sectores de la provincia de Puntarenas como parte del denominado «Caso Turbo», una investigación que busca desarticular una organización presuntamente dedicada al narcotráfico, legitimación de capitales y préstamos conocidos como «gota a gota».
Según informó Stephen Madden, director de la PCD, la investigación se inició en 2024 tras detectar una estructura criminal que, presuntamente, coordinaba operaciones de tráfico local e internacional de drogas mediante embarcaciones pesqueras que se dirigían hacia el norte del continente. Las autoridades sostienen que el grupo mantenía influencia en varias comunidades de Puntarenas y operaba incluso con dirección desde prisión.
Durante los allanamientos fueron intervenidas propiedades y negocios que, según las pesquisas, habrían sido utilizados para actividades relacionadas con la legitimación de capitales, entre ellos un salón de belleza, un taller mecánico y un lavacar.
Entre las personas investigadas figura la vicealcaldesa del cantón central de Puntarenas, quien es indagada por presunta legitimación de capitales. Las autoridades realizaron un allanamiento en su vivienda con el objetivo de localizar evidencia que permita determinar si tuvo participación dentro de la estructura criminal o descartar cualquier vínculo con esta.
Asimismo, fue detenida su hija, identificada como Melania Araya Sirias. De acuerdo con la investigación, la mujer mantenía una relación sentimental con un sujeto de apellido Sánchez, señalado por las autoridades como uno de los integrantes relevantes de la organización. Madden indicó que Sánchez había sido detenido en 2015 mientras transportaba más de 300 kilogramos de cocaína.
Las autoridades también vinculan la causa con una organización liderada por un hombre de apellidos Araya Aguilar, alias «Engler», quien permanece en prisión desde 2022 pero que, según la PCD, continuaba ejerciendo influencia sobre las operaciones del grupo mediante familiares y colaboradores cercanos. La investigación apunta a que parte de los recursos obtenidos habrían sido utilizados para financiar préstamos informales con mecanismos de cobro coercitivos.
Los operativos se desarrollaron en sectores como El Carmen, El Roble, El Cocal y Miramar de Puntarenas, además de otras localidades donde se efectuaron múltiples detenciones. El caso permanece bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada, mientras continúan las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.
