La sustracción ilegal de 35.2 millones de litros en ocho años ha elevado el costo para la refinadora estatal, mientras 1,380 perforaciones en el poliducto amplían los riesgos operativos y ambientales en Costa Rica.

Más de ¢14.413 millones (USD 27.1 millones) ha perdido la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) desde 2018 debido al robo de combustible, una situación que ha generado consecuencias económicas y ha puesto en peligro tanto a comunidades como a la infraestructura energética de Costa Rica.

Hasta el 20 de julio de 2026, la empresa registró 1,380 perforaciones ilegales en el poliducto, lo que ha incrementado el riesgo de incendios, explosiones y derrames en distintas regiones del país.

El robo de hidrocarburos se tradujo en la sustracción de 35.2 millones de litros en ocho años. Ese volumen permite llenar el tanque de más de 703,408 vehículos con capacidad promedio de 50 litros. La cifra representa más de un tercio del parque automotor nacional, que en 2025 alcanzó los 1.8 millones de unidades, según el Instituto Nacional de Seguros.

Desde 2018, las bandas dedicadas a este delito extrajeron combustibles en cantidades que generaron un impacto financiero considerable para la empresa estatal y el país, según datos de El Observador. El perjuicio económico acumulado asciende a ¢14.413 millones (USD 27.1 millones).

Los combustibles más sustraídos y su destino

El diésel lidera la lista de hidrocarburos robados, con 18.0 millones de litros entre 2018 y junio de 2026, lo que significa el 51.2% del total. El segundo lugar corresponde al Jet A-1, usado principalmente en aviación, con 11.1 millones de litros (31.8%). La suma de ambos representa el 83.0% del total sustraído en el periodo.

La alta demanda de diésel responde a su uso en transporte de carga, autobuses, maquinaria y actividades agrícolas. Las autoridades han detectado que parte del combustible robado termina en actividades comerciales ilícitas y en el narcotráfico, donde alimenta lanchas o vehículos empleados en el traslado de drogas. El Observador señaló que este patrón se ha mantenido durante los últimos años.

Un caso ilustrativo ocurrió en noviembre de 2025, cuando una banda fue desarticulada en Orotina. Los detenidos perforaban el poliducto para extraer diésel, lo almacenaban en cabinas y lo vendían en un lavacar local. La investigación duró once meses y concluyó con la detención de cinco personas.

El caso Petrococa también ha vinculado el robo de combustibles con el crimen organizado. En este expediente judicial figura un empresario limonense, identificado como Bell Fernández y conocido como Macho Coca, acusado de liderar una red responsable de pérdidas millonarias para la refinadora.

El Jet A-1 robado ha sido utilizado para abastecer aeronaves pequeñas empleadas en el tráfico de drogas.

Estrategias judiciales y tecnológicas contra el robo

Desde la entrada en vigor de la Ley n.º 9852 en junio de 2020, Recope ha presentado 950 denuncias ante instancias judiciales por robo de combustible. De estos procesos, 673 expedientes siguen activos y 86 personas han sido condenadas. La ley establece penas de entre cinco y 15 años de prisión para los responsables.

En paralelo, la Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley para fortalecer la prevención y sanción de estas actividades ilícitas. El propósito es dotar a Recope de nuevas herramientas legales y operativas para enfrentar a las organizaciones criminales.

La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, advirtió tras la desarticulación de una banda en Turrialba: “Cuando una organización criminal perfora el poliducto no solo roba combustible. También pone en riesgo vidas humanas, genera daños ambientales y amenaza una infraestructura esencial para el desarrollo del país”.

La empresa ha impulsado la participación ciudadana mediante denuncias anónimas, que han sido clave para ubicar puntos de extracción ilícita. Según la compañía, la estrategia combina tecnología de monitoreo, investigación policial y campañas de información para incentivar la colaboración de la población.

Resultados de la vigilancia y campañas de denuncia

En marzo de este año, una alerta en los sistemas de monitoreo permitió detectar movimientos sospechosos en una bodega de El Coyol de Alajuela. Tras más de dos meses de investigación y gracias a una denuncia recibida en la línea confidencial 1-0-0-2, las autoridades detuvieron a tres personas y decomisaron 7,000 litros de diésel. Recope precisó que la bodega estaba ubicada a 500 metros del Hotel Aeropuerto, sobre la vía paralela a la carretera General Cañas, y desde allí salió un camión interceptado con siete tanquetas llenas.

Montero afirmó: “Este caso demuestra que la tecnología y la denuncia confidencial son herramientas clave para detectar a tiempo movimientos irregulares y coordinar acciones con las autoridades. Proteger a la ciudadanía en una zona tan transitada y a la vez resguardar el Sistema Nacional de Combustibles es una prioridad”.

Durante las transmisiones del Mundial 2026, la empresa lanzó una campaña para promover las denuncias, aprovechando los espacios del medio tiempo y las pausas de hidratación. Aunque el costo de la campaña se estima en ¢123.5 millones (USD 232,000), la institución aclaró que el pago se realizará solo tras concluir la difusión y verificar el cumplimiento del contrato.

Las campañas muestran resultados: las llamadas a la línea confidencial pasaron de 148 en 2023 a 191 en 2025. En julio, se recibieron 13 reportes por casos de presunto robo, transporte, venta o almacenamiento ilegal de combustibles, y las autoridades intervinieron tres puntos de extracción durante ese mismo periodo.

El fenómeno del robo de combustibles a Recope ha evolucionado en complejidad y volumen, exigiendo respuestas coordinadas entre la empresa, las autoridades judiciales y la ciudadanía para mitigar sus efectos económicos, ambientales y sociales.