El diputado del Partido Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la Municipalidad de Golfito, alegando irregularidades en una serie de desalojos efectuados en el sector de Pavones.

Según el legislador, las autoridades procedieron a demoler viviendas y locales comerciales sin emitir notificación previa a las personas afectadas, lo que —asegura— generó un escenario de vulnerabilidad social y jurídica. Robles cuestiona la legalidad de los desalojos, al indicar que estos se realizaron sin un Plan de Acción Integral que respalde el procedimiento, como lo establece el Decreto Ejecutivo 39277.

Asimismo, el diputado denunció que no se respetó el debido proceso ni el derecho a la defensa de los involucrados, ya que —hasta la fecha— no se había emitido notificación oficial sobre los desalojos. También expresó su preocupación por la falta de información sobre las condiciones de personas adultas mayores, menores de edad o en condición de vulnerabilidad que estarían siendo desalojadas sin apoyo institucional.

Ante esta situación, Robles solicitó a la Sala Constitucional declarar con lugar el recurso, así como la anulación de cualquier acto administrativo que no cumpla con las garantías procesales requeridas.

Autoridades municipales aclaran alcances de los desalojos

En respuesta, el alcalde de Golfito, Freiner Lara Blanco, señaló que los operativos no tienen como propósito demoler todo el poblado de Río Claro de Pavones, sino exclusivamente intervenir edificaciones y cercas que se encuentran dentro del derecho de vía.

Lara explicó que el objetivo es recuperar una franja de 14 metros correspondiente a una carretera incluida en el Plan Regulador del Sector Costero, en la zona conocida como Quebrada El Macho, actualmente ocupada por construcciones ilegales.

El alcalde aseguró que los desalojos se realizan únicamente dentro de la Zona Marítimo Terrestre, en terrenos estatales bajo administración municipal, y que no se han visto afectadas propiedades privadas. Añadió que las personas desalojadas no poseen concesiones otorgadas, sino únicamente solicitudes en trámite.

Finalmente, Lara indicó que el procedimiento se ha ejecutado conforme al debido proceso y respetando el derecho a la defensa. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública reiteró que el tema compete exclusivamente a la Municipalidad de Golfito.