Ecuador vuelve a vivir un episodio de violencia carcelaria tras un enfrentamiento entre bandas rivales que dejó al menos 17 personas muertas el jueves 25 de septiembre en el centro penitenciario de Esmeraldas, en la costa norte del país. Según datos oficiales, el recinto fue diseñado para 1.100 internos, pero ya en 2022 albergaba a más de 1.400.
En redes sociales circularon imágenes —verificadas por agencias internacionales— que muestran escenas de extrema brutalidad, similares a las registradas en anteriores masacres penitenciarias. Con este nuevo hecho, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) contabiliza 30 fallecidos en choques entre reclusos solo en los últimos tres días. También se reportó la muerte de un custodio.
La crisis en las cárceles no es nueva: desde 2021 se estima que alrededor de 500 presos han perdido la vida en medio de disputas entre organizaciones ligadas al narcotráfico. Esta misma semana, otro enfrentamiento en la prisión de Machala, en la frontera sur, dejó 13 reos y un guardia muertos, además de 14 heridos.
El aumento de la violencia coincide con el crecimiento del narcotráfico en Ecuador, país que se ha convertido en punto clave para la salida de cocaína producida en Colombia y Perú. Autoridades calculan que cerca del 70% de la droga con destino a Estados Unidos transita por sus puertos.
Desde 2024, el sistema penitenciario se encuentra bajo control militar, luego de que el presidente Daniel Noboa declarara un “conflicto armado interno” contra más de 20 bandas locales vinculadas con carteles internacionales. Estas masacres ocurren en paralelo a las tensiones sociales por el incremento en el precio del diésel, que mantienen al país bajo protestas y presión constante.
