Una publicación difundida en redes sociales encendió las alarmas en el cantón de Escazú, luego de que se ofreciera dinero a cambio del asesinato de dos oficiales de la Policía Municipal, situación que las autoridades calificaron como grave y altamente preocupante.
Según confirmaron las autoridades, en el mensaje se ofrecía entre ₡500 mil y ₡1 millón por la “cabeza” de dos policías municipales, uno de ellos identificado únicamente por su nombre de pila. La publicación incluía además la fotografía de uno de los oficiales, imagen que este medio decidió no reproducir para resguardar su integridad.
Policía Municipal denuncia ante Fiscalía y OIJ
Tras detectar la amenaza, la Policía Municipal de Escazú activó de inmediato los protocolos legales y presentó dos denuncias formales. La primera fue interpuesta ante la Fiscalía, debido a la existencia de indicios que permitirían identificar a la posible autora del mensaje. La segunda denuncia se presentó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el objetivo de identificar a otras personas que podrían estar involucradas en la administración de la página desde donde se difundió la amenaza.
Las autoridades municipales confirmaron que ambas investigaciones se encuentran abiertas y en una fase avanzada.
Amenaza estaría ligada a un operativo de tránsito
De acuerdo con la Policía Municipal, la amenaza estaría relacionada con un control vehicular realizado en carretera. Durante el operativo, los oficiales decomisaron una motocicleta que no contaba con marchamo, revisión técnica ni licencia de conducir, motivo por el cual se procedió al retiro de las placas.
Las autoridades señalaron que el motociclista reaccionó de forma violenta tras la intervención policial. Asimismo, indicaron que las cámaras corporales utilizadas por los oficiales aportarían elementos clave para el avance de la investigación.
Nueva ley castiga este tipo de amenazas
El abogado Rodrigo Rosales recordó que desde el 22 de enero entró en vigencia la Ley 10.841, la cual adiciona el artículo 280 bis al Código Penal. Esta normativa establece penas de entre 3 y 5 años de prisión para quienes públicamente soliciten, ofrezcan o promuevan servicios para atentar contra la vida de una persona, con agravantes cuando las víctimas son oficiales de policía. Las autoridades no descartan que este caso se convierta en uno de los primeros en los que se aplique esta nueva legislación.
Investigaciones avanzan
Tanto la Fiscalía como el OIJ continúan con las diligencias para identificar plenamente a los responsables de la amenaza. Las autoridades adelantaron que en los próximos días podrían tomarse decisiones importantes dentro del proceso judicial.
