Con el voto unánime de los 42 diputados presentes en la sesión del Plenario, la Asamblea Legislativa aprobó en forma definitiva el expediente 24.047, conocido como “Ley contra el sicariato”, una iniciativa que endurece las penas de prisión para quienes asesinen a otra persona a cambio de un pago.
La nueva normativa establece condenas de entre 20 y 40 años de cárcel para los responsables de homicidios cometidos por encargo, lo que supera en cinco años la pena máxima prevista actualmente para el homicidio calificado.
El texto aprobado señala expresamente:
“Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta años a quien, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria”.
El proyecto fue presentado por el diputado David Segura, del partido Nueva República, y su trámite legislativo se extendió por varios meses debido a ajustes en la redacción, negociaciones políticas, dos votaciones en primer debate y una consulta ante la Sala Constitucional.
Inicialmente, la fracción proponente planteaba penas de hasta 50 años de prisión para los sicarios; no obstante, durante el proceso de análisis se acordó fijar el máximo en 40 años.
El primer debate se realizó el 25 de noviembre, ocasión en la que las diputadas Gloria Navas, independiente, y Vanessa Castro, del PUSC, votaron en contra. Posteriormente, Navas impulsó una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, con el respaldo de varios legisladores del PLN y del Frente Amplio.
Tras el análisis correspondiente, los magistrados concluyeron que el proyecto no presentaba vicios de inconstitucionalidad, lo que permitió su avance hacia el segundo y definitivo debate.
Con la aprobación final en el Plenario, únicamente resta la firma del presidente de la República para que la ley entre en vigencia y se convierta en un nuevo instrumento legal contra el crimen organizado y el sicariato en el país.
